El gobierno de Argentina, dirigido por el presidente Javier Milei, tomó un cambio significativo en la política de seguridad nacional al expandir las acciones de las fuerzas armadas hacia las tareas de seguridad interna. Este cambio en las dos regulaciones presidenciales redefine el alcance de la Ley de Defensa Nacional de 1988, que originalmente fue diseñada para limitar la intervención militar en asuntos internos después de la dictadura militar (1976-1983).
La Ley de Defensa Nacional, sancionada bajo el gobierno de Raúl Alfons, encontró que las fuerzas armadas solo podían actuar en conflictos en la agresión externa para garantizar la soberanía y la independencia del país. Durante las presidencias de Nétor Kirchner y Alberto Fernández, el marco legal se ajustó para fortalecer la separación entre la defensa nacional y la seguridad interna. Sin embargo, las regulaciones firmadas por Milei y los ministros de seguridad y defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, cambian radicalmente este enfoque, lo que permite una mayor participación militar en temas internos.
Para redefinir objetivos estratégicos
La primera de las regulaciones define una nueva definición de «objetivos de valor estratégico». Según las regulaciones, incluyen cualquier bien, instalación o infraestructura cuya destrucción parcial o completa puede causar daños graves a la población, la economía, el medio ambiente o la seguridad nacional. A diferencia del pasado, donde el Congreso tenía que determinar cuál era el objetivo estratégico, el poder ejecutivo tiene exclusividad para determinarlos sin la consulta legislativa.
Además, el decreto permite al Ministerio de Seguridad pedir a las fuerzas armadas que cooperen con la policía federal y las fuerzas de seguridad para proteger estos objetivos, eliminando restricciones previas que restringen la cooperación.
Ampliando el alcance de la acción militar
El segundo decreto extiende la capacidad operativa de las fuerzas armadas, justificando el «nuevo conflicto» de la evolución tecnológica. Las fuerzas armadas ahora pueden operar en el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio externo, aparte de las amenazas de organizaciones terroristas, transnacionales o actores campesinos extranjeros, que anteriormente no había sido considerado por la ley como agresores externos.
Del mismo modo, las fuerzas armadas pueden complementar el trabajo de las fuerzas de seguridad de Forcerser, participar en actividades de capacitación operativa, apoyo logístico y apoyo de emergencia o desastres naturales.
Justificación del gobierno
El gobierno de Milei afirma que se necesitan cambios para corregir el «sesgo ideológico» de SO de las regulaciones anteriores de la Ley de Defensa, que fue implementado por Kirchner en 2006. Los intereses vitales de la nación.
En las redes sociales, el ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la medida, afirmando: “La defensa estratégica es la protección de los buenos pozos. Donde hay recursos y futuro, no habrá espacio para la mafia o corrupto. “Patricia Bullrich, por su parte, enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación entre los desafíos de seguridad contemporáneos.
Crítica y preocupaciones
La decisión ha causado una amplia gama de críticas a las organizaciones de derechos sociales y humanos, que en estas disposiciones son un paso adelante para militarizar la seguridad interna. Manuel Trufó, director de justicia y seguridad del Centro de Ciencias Legales y Sociales (CELS), dijo que no existe una situación real de terrorismo real u crimen organizado que demuestre esta extensión de acciones militares.
Trufo expresó su preocupación en la categoría de infraestructura económica «Objetivos de valor estratégico». Según el experto, esto puede usarse para probar la opresión de las protestas u obstáculos sociales relacionados con las afirmaciones territoriales, especialmente las comunidades indígenas. «Este es un gobierno que describió a los manifestantes como terroristas y tomó una posición difícil contra la obstrucción como una protesta. Esto puede indicar que estas manifestaciones serán criminalizadas aún más ”, advirtió.
Contexto y signos de cambio
Ampliar el papel de las fuerzas armadas son solo muchos signos de un cambio de paradigma en la política de defensa y seguridad bajo el gobierno de Milei. Durante 2024, el presupuesto de defensa aumentó significativamente, los desfiles militares continuaron, y en el día de la memoria, un video controvertido conmemoró a las víctimas de la última dictadura militar.
Algunos analistas interpretaron estos cambios para tratar de renunciar al papel de las fuerzas armadas en el país, devolviendo la prominencia en áreas tradicionalmente mantenidas para las fuerzas de seguridad.
Debate abierto
Mientras que el gobierno protege la acción como una respuesta necesaria a las «nuevas amenazas» de Argentina que confronta Argentina, los críticos y las organizaciones sociales advierten el límite entre la defensa nacional y la seguridad interna, la separación, que fue clave para la transición democrática a la transición democrática. país.
El debate sobre el alcance de la participación militar en asuntos internos es prometedor en los próximos meses, especialmente contra la atmósfera política polarizada y las elecciones legislativas. Para algunos de ellos, esta decisión es un paso estratégico con desafíos modernos; Para otros, esta es una recaída que pone en peligro los derechos fundamentales y los principios democráticos.
